SER EXTRANJERO Y FALLECER EN ESPAÑA SIN TESTAMENTO ADECUADO. DOBLE DISGUSTO PARA EL CÓNYUGE QUE SOBREVIVE.

Normalmente, es habitual que todos los extranjeros que visitan nuestro país, lo hagan en
principio por cortos períodos de tiempo, 1 semana, luego un par de meses, medio año, y
cuando vienen a darse cuenta, resulta que llevan varios años en España, siendo
previsiblemente España el lugar donde finalmente descansen en paz. Descanso pacífico que no lo será para el cónyuge que siga vivo tras dicho fallecimiento, en caso de que no se haya previsto un testamento de forma adecuada (para una aceptación y reparto de herencia rápida que desbloquee cuentas corrientes, depósitos de ahorro, faculte libre disposición de bienes para su venta, etc.), y otras previsiones como pudiera ser tener un seguro contratado para el caso de fallecimiento, que cubra de forma automática los gastos de sepultura (entorno a 3.000,00 € como norma), etc.
Siendo esta problemática bastante general entre los extranjeros no residentes y residentes que por un motivo u otro finalmente fallecieron en España, como medida más importante y aconsejable a acometer es la de realizar una declaración de voluntades mediante testamento notarial, donde se aconseja manifestar de forma expresa qué legislación quiere que se le aplique a sus bienes: la de su país de origen (si pensamos por ejemplo en la inglesa, bastante flexible a la hora de poder designar qué bienes y a quien entregar en caso de fallecimiento de forma libre) o la española (donde existe un régimen legal estricto, donde los descendientes al menos recibirán las 2/3 del patrimonio por ley, entre otras limitaciones).
Y esto está muy ligado al hecho de que en España, desde el 17 de agosto de 2015, entró en pleno funcionamiento del Reglamento Europeo 650/2012, de sucesiones y de creación del certificado sucesorio europeo, que será aplicable a las sucesiones de las personas que fallezcan a partir del día 17 de agosto de 2015, y que afecta, de manera muy esencial, a la determinación de cuál va a ser la normativa que se va a aplicar a las herencias.
En este sentido hay que realizar una serie de aclaraciones generales para que el lector
entienda la pretensión de este artículo, distinguiendo los efectos de ser residente y no residente en relación a la declaración mediante testamento notarial, así como cuando se pierde la condición de no residente y se adquiere la de residente.
Respecto a los efectos de emitir un testamento notarial en España, si lo hace un no residente, se le aplicará automáticamente la ley de su País al momento de fallecer. Si por el contrario lo hace un extranjero residente, se le aplicará la de España, a no ser que diga de forma expresa que quiere que se le aplique la de su país, siguiendo la normativa europea que entró en vigor en España a partir del pasado 17 de agosto de 2015.
En cuanto al carácter de residente o no residente se refiere, básicamente un extranjero dejará de ser residente (aunque manifieste que es no residente y siga confeccionando el impuesto de no residente todos los años), al permanecer en España más de 183 días al año, tenga en nuestro país el núcleo principal de su actividad o intereses económicos o resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan aquél.
Siendo esto así, uno podría pretender ser no residente, pero hacienda descubrir posteriormente que realmente se es residente, circunstancia en la cual cualquier problema que pudiera existir fruto de un fallecimiento sin testamento, se podría aún más en revesar, pudiendo recibir reclamaciones de pago de impuestos en España, y mil casuística más, que supondría el definitivo quebradero de cabeza para los herederos del fallecido.
Por todo ello, y a efectos de reducir en lo posible los males secundarios que heredarían
nuestros seres queridos unida a la propia pérdida del fallecido, se aconseja se emita un
testamento notarial en España donde de forma expresa se manifieste la legislación del país que quiere que se aplique a sus bienes en España, y se contrate seguro de fallecimiento.

Ildefonso Ortega Moreno

¿La Casa de tus Sueños, o el inicio de un pequeño infierno?

Queridos lectores, en alguna ocasión ya nos hemos referido a los riesgos que conlleva adquirir una vivienda sin el asesoramiento debido, pero en
esta ocasión abundaré aún más en la necesidad de contratar a un
especialista no ya sólo en la materia, sino también con conocimientos de
las condiciones reales de la vivienda y de la urbanización o zona donde se
encuentra, la misma.
Por un lado, si somos un comprador, sería aconsejable solicitar de forma
previa a la compra: -) Situación de Legalidad, disponer licencia de primera
ocupación, y no estar inmerso en un expediente de disciplina urbanística
la vivienda entera o parte de la misma por obra nueva; -) Deuda completa
de IBI (impuesto de bienes muebles), para que la liquide el vendedor o se
retenga del precio de compra y evitar que sea una carga que también
deba de pagar el comprador; -) Certificado de deuda de cuotas de
comunidad a cero o, en su defecto estado de deuda para retener deuda
del precio de la compra; -) Nota Simple de la vivienda que ponga de
manifiesto que no hay cargas inscritas que afecten a la vivienda y que, por
consiguiente, su responsabilidad de pago podría caer también en el
comprador (aquí yo mismo, mediante un cliente mío, inscribí un derecho
de cobro de 120.000 € en el registro de la propiedad de una vivienda, y el
nuevo comprador que desconocía dicha deuda inscrita, se encontró con
que el mismo debía de responder también de la misma, con el
consecuente disgusto y acciones civiles que emprendió el comprador
contra el vendedor); -) Recibos de luz y de agua del último mes que
pongan de manifiesto que está todo correcto y no hay enganche ilegal,
evitando así los problemas que se generan en algunas ocasiones donde
endesa podría tardar de 7 días a dos meses en el peor de los casos, en
proveer de luz en caso de que hubiera un enganche ilegal; certificado de
eficiencia energética cuya obligación de entrega corresponde al vendedor;
-) Retener el 3% del precio de la compra y la plusvalía si el vendedor es
un extranjero, para evitar la desagradable sorpresa de que el propio
comprador sea requerido de pagar unas plusvalías cuyos importes pueden
resultar del todo inesperadas y excesivas, pero de obligado pago (siendo
muy común observar plusvalías del orden de 4.000 a 10.000 €); -)
Inventario de bienes muebles que forme parte del objeto de compra y se
incluya en el precio, con reportaje fotográfico del estado de conservación
del mobiliario mueble y vivienda, firmado debidamente por el vendedor,
pues es bastante común encontrarte la vivienda vacía, o con daños en los
muebles, debiendo en consecuencia tener que reclamar si dichos muebles
formaban parte de la compra y así venía de forma explícita especificado
en el contrato privado previo a la firma y contrato público de compra
venta firmado ante notario.
Y una vez se firma ante notario y se compra la vivienda (firma que podría
hacer el profesional en nombre del comprador mediante poder notarial,
no siendo necesaria la presencia del comprador en el acto de la firma),
habría que presentar y liquidar impuesto de trasmisión patrimonial en la
oficina liquidadora para posteriormente procederse al cambio de
titularidad del inmueble en el Registro de la Propiedad que corresponda,
no olvidando eso sí, que hay que pagar honorarios de Notario y
Registrador. Por último, es obligatorio comunicar al Administrador de
Fincas, de la urbanización donde se encuentra la vivienda, el cambio de
titularidad y datos personales para el pago de los nuevos recibos y evitar
ser reclamado judicialmente, así como contratar luz y agua para el pleno
disfrute de su nueva vivienda sin contratiempos.
Si bien todas estas cuestiones son las que comúnmente todo experto en la
materia suele tener control y gestiona el mismo para que todo marche
correctamente y sin sorpresas para el comprador (solucionando sobre la
marcha la multitud de contratiempos que se podrían presentar), hay otros
aspectos igual o más importantes que al profesional general se les
escapan, y sólo un profesional de la zona podría conocer, cuales son por
ejemplo: -) Si la vivienda y/o urbanización en la que se encuentra presenta
defectos constructivos, lo que implicaría probablemente problemas de
humedad, necesidad de hacer pagos extraordinarios mediante derramas
extraordinarias de la comunidad, desprendimientos de tierras, rocas, etc.;
-) Conocer si hay un elevado número de morosos en la comunidad así
como cuáles son los servicios comunes de los mismos que hay que pagar
con las cuotas de comunidad, lo que implicaría que las cuotas de
comunidad podrían suponer con frecuencia casi como el pago de otro
recibo de un préstamo hipotecario, siendo frecuente que algunos
compradores desconozcan el importe de dichos recibos y luego se lleven
desagradables sorpresas con recibos que difícilmente esperaban tener que
hacer frente; -) Situación física de la vivienda en zonas de riesgo natural,
por avenidas de agua en épocas de lluvia, desprendimientos de tierra, etc.
Por todo ello, siempre es bueno rodearse de un profesional de la zona,
desaconsejando contratar los servicios de una abogado de, por ejemplo,
Marbella (situación bastante común), si la zona de deseo de adquirir una
vivienda es en la zona de influencia de Manilva en cualquier de sus 4
núcleos (Manilva, Sabinillas, El Castillo, Puerto de la Duquesa), de
Estepona o urbanizaciones que lo conforman, pues ello os garantizo que
os podrá salvar de más de una sorpresa desagradable en la adquisición de
pretendida casa de vuestros sueños.

Ildefonso Ortega Moreno

Blog jurídico en www.abogadosdesevilla.es

Perteneciente al mismo grupo, el portal www.abogadosdesevilla.es ha puesto a disposición de los abogados sevilla una herramienta muy interesante como es un blog jurídico donde están publicado sus reflexiones y artículos los letrados del portal. Este sistema permite no solo llegar a un público nuevo sino también puede servir como herramienta de información y debate entre los propios abogados.

Nuevo Blog Jurídico en www.abogadosdegranada.com

En fechas recientes y coincidiendo con la nueva versión del portal, se ha creado para los abogados granada una herramienta de gran utilidad como es un blog jurídico con restricción de publicación a los letrados dados de alta en el portal. Desde su creación los abogados están teniendo la oportunidad de enviar sus comentarios o artículos sobre los temas jurídicos de actualidad a fin de poder llegar a un grupo de población que por medios tradicionales sería imposible.

El interminable debate del registro de jornada

El pasado 4 de diciembre de 2015, la Audiencia Nacional dictó una sentencia pionera cuyo objeto principal era si resulta obligatorio llevar a cabo el control establecido en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores o no, esto es, si el entramado empresarial debe registrar la jornada ordinaria de sus trabajadores, independientemente de si éstos trabajan, o no, a jornada completa.

El Fallo de la citada Sentencia era el de estimar el conflicto colectivo iniciado a instancias del sindicato demandante, obligando a todas las empresas a llevar a cabo un registro diario de la jornada de trabajo realizada por sus trabajadores, con el pretexto de que los trabajadores, cuando, de forma habitual, realizan una jornada superior a la ordinaria, se encuentran desarmados para poder demostrar ese exceso de jornada, y, por ende, la realización de horas extras.

De esa Sentencia se ha hecho eco, igualmente, la Inspección de Trabajo, la cual ha dictado una Instrucción específicamente para esta materia, en la que comunica el inicio de una campaña concreta y determinada para la comprobación de que el tejido empresarial español cumple con la citada obligación de registro diario de la jornada.

 

Desde un punto de vista legal, ha de decirse que, al día de la fecha, el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre la materia, que desde la citada Sentencia de 4 de diciembre de 2015, la Audiencia Nacional ha dictado otra en el mismo sentido, si bien nuestro Alto Tribunal aún no ha fallado ni aclarado la cuestión; circunstancia ésta que no es baladí habida cuenta que es éste el que tiene la facultad legal de sentar “jurisprudencia”.

En mi opinión personal, hago mío y comparto cuando viene siendo defendido por buena parte de la doctrina científica, entre los que se hallan, igualmente, Abogados de importantes firmas, ya que el referido artículo 35.5 establece la obligatoriedad de registro de la jornada “a efectos del cómputo de las horas extraordinarias”. En caso de que en una empresa no existan horas extraordinarias, no habría cómputo alguno que efectuar y, por ende, no sería necesario llevar a cabo el registro diario. Dicha obligación no está tan clara y específica como así lo está respecto a la regulación del contrato de trabajo a tiempo parcial. Para dicha tipología contractual, el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores exige la obligatoriedad de registro de la jornada para así dar mayor seguridad jurídica y evitar abusos en la contratación a tiempo parcial.

Está claro que el debate está en la mesa, que si bien los pronunciamientos judiciales sólo lo han sido por parte de la Audiencia Nacional, entiendo que la Inspección de Trabajo bien debiera haber sido más prudente y esperar a que por parte del Tribunal Supremo hubiese algún tipo de resolución judicial sobre la materia, ya que existen muchas y muy contrapuestas opiniones. Lo que sí queda claro es que la Inspección de Trabajo, con independencia de lo ya argumentado, está actuando según directrices de la Dirección General y que, se comparta o no, hay que llevar a cabo ese registro sopena de que se levante Acta de Infracción grave al amparo del artículo 7 de la LISOS, cuya sanción mínima es de 626 €.

Autor: Gabriel Jesús Guerrero García

Despacho: GABRIEL GUERRERO, C.B.

Derecho de la Unión: ¿Hacia un único contrato temporal?

Aún con los últimos apuntes y artículos publicados por autores especializados, resulta trascendente el importante “toque de atención” que por parte de la Unión Europea se ha efectuado el Estado Español en lo que a la regulación del contrato de interinidad se refiere. Así, la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 de septiembre de 2016 entiende discriminatoria la regulación del Derecho español por la que un contrato de interinidad, a su finalización, no goza del mismo derecho al percibo de indemnización que un contrato eventual.

Bien es cierto que los hechos que sirven de base respecto a la cuestión prejudicial sometida a debate al Alto Tribunal deben ser entendidos de forma aislada, en el bien entendido caso que se trata de un supuesto muy concreto donde exista una concatenación de contratos injustificada, y muy alargada en el tiempo, en el sector público, no en el sector privado, si bien la cuestión de fondo versa no sobre si se trata de personal funcionarial o laboral, sino en que carece de justificación el hecho de que no deba abonarse indemnización alguna en el momento en que expire el contrato de interinidad.

Por tanto, considerando que se trata de un caso aislado y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el que ha efectuado la cuestión prejudicial, no queda vinculado por la Sentencia del Tribunal de la Unión, habrá que estar a la expectativa de su resultado e, igualmente, de lo que el Parlamento Español, una vez que esté válidamente constituido y con capacidad de legislar, pueda decir sobre la materia, toda vez que el Tribunal de la Unión, en este mes de septiembre, ha realizado varios pronunciamientos interesantes sobre este tipo de contrato que el Estado Español debe recopilar e integrar en nuestro Derecho interno.

Artículo publicado por Gabriel Jesús Guerrero García

Despacho: GABRIEL GUERRERO, C.B.

Los servicios de intermediación y el procedimiento sancionador

Según los arts. 14 y 17 y el Anexo de la “Ley 34/2002, de 11 de julio” se dispone que constituyen servicios de intermediación, “la provisión de servicios de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet”. También, cualquier otro de carácter análogo.

Ya que la ley aún no ha entrado en vigor no tenemos jurisprudencia consolidada en aplicación de la misma pero no hay ninguna modificación en la citada Ley y tampoco novedad alguna en la nueva LPI que criminalice dicha conducta.

Asimismo, una sentencia reciente (Audiencia Nacional de 22 de julio de 2014 en el llamado “caso Quedelibros”) dice que el procedimiento recogido en el art.158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual todavía vigente y desarrollado por el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, no puede ser dirigido exclusivamente contra los intermediarios, sin perjuicio de que se pueda exigir a estos últimos determinados comportamientos a fin de asegurar la eficacia de las medidas que finalmente se adopten.

Por su parte, la nueva ley dice, en su «Artículo 158 2.B ter. función de salvaguarda de los derechos en el entorno digital>>, lo siguiente:

“El procedimiento de restablecimiento de la legalidad se dirigirá contra: los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual facilitando la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica. En particular, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.” Por tanto, no afecta a aquellos que ofrezcan una mera intermediación técnica.

El Procedimiento Sancionador viene regulado, principalmente, en el artículo 158 ter de nueva Ley de Propiedad Intelectual y el procedimiento se desarrollaría de las siguientes maneras dependiendo de si fuera iniciado previa denuncia del titular de los derechos presuntamente vulnerados o de oficio a través de la Sección Segunda:

– En el primer caso, dicha persona o quien tuviere encomendado su ejercicio deberá obligatoriamente aportar una prueba de haber requerido la retirada de dichos contenidos. Para ello, es totalmente necesario tener una dirección electrónica disponible y visible en la Web porque en caso contrario este requisito seria innecesario.

A partir de este momento, el prestador de servicios tendrá 3 días para retirar dichos contenidos siendo de aplicación los derechos de defensa previstos en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El órgano competente, la denominada Sección Segunda, resolvería produciéndose la caducidad del procedimiento, si no lo hiciese en el plazo reglamentariamente establecido, y en todo caso con ello pone fin a la vía administrativa.

– Para el caso en que el mismo se iniciara de oficio el artículo 158.4 dice textualmente que “La Sección Segunda podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial”. Esta medida podría extenderse a otras obras cuyos derechos representen estas personas afectadas. Asimismo “antes de proceder a la adopción de estas medidas, el prestador de servicios de la sociedad de la información deberá ser requerido a fin de que en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime oportunas sobre la autorización de uso o la aplicabilidad de un límite al derecho de propiedad intelectual. Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La Sección dictará resolución en el plazo máximo de tres días”. Por último, “en caso de falta de retirada voluntaria, dicho órgano podrá instar a los servicios de intermediación para que suspendan el correspondiente servicio que prestan”.

Asimismo, existe obligación de colaborar con la llamada Sección Segunda para el restablecimiento de la legalidad tal y como indica el artículo 158.5. Además, debe saberse que la falta de colaboración se consideraría una infracción de lo dispuesto en el artículo 11 de “la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico” pero en todo caso exigiría la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el apartado segundo del artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Además, en virtud del artículo 38.b de la mencionada LSSICE se consideraría una infracción “muy grave” que daría lugar a la imposición de una multa que puede ir desde los 150.001 hasta los 600.000 € y que, además, la reiteración en el plazo de tres años de dos o más infracciones muy graves, sancionadas con carácter firme, podría dar lugar, en función de sus circunstancias, a la sanción de prohibición de actuación en España, durante un plazo máximo de dos años.

UrdiaLex Abogados

 

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